Una de esas posibles soluciones habría sido una propuesta de cambio del marco autonómico a uno de tipo confederal que partiese del reconocimiento de la soberanía de las naciones incluidas hasta ahora en el Estado Español (derecho de autodeterminación) y que, abierta a Portugal, permitiese la libre asociación de dichas naciones. Estoy convencido de que esta propuesta hubiese satisfecho no solamente buena parte de las demandas de más autogobierno de las catalanas y catalanes, sino que habría sido muy bien recibida también en Euskadi y Galiza.
Pero no, el nacionalismo español ha optado por cerrar con mil cerrojos esa posibilidad (y cualquier otra, en realidad) de redefinir libremente las relaciones entre los pueblos ibéricos, y ahora acusa a quien trata de romper las ataduras, de las consecuencias de la existencia de sus propias ataduras, e incluso de romper una legalidad (¡»golpistas», les llaman!) que, por medio de una espuria y escandalosa interpretación a la carta de un artículo de esa misma Sacrosanta Constitución que pocos de los ciudadanos actualmente vivos del Estado Español votamos, ha sido deformada por ellos mismos hasta hacerla irreconocible.
Por tanto, la mitad de Catalunya que no la deseaba, no debe buscar culpables de la independencia entre aquellos que sí la desean, sino en aquellos que la han convertido en la única salida posible para la otra mitad del país.
