Lo leíamos hace poco en un medio argentino:
Se tipifican como delito los ataques informáticos y se incluyen como conductas punibles las consistentes en: (…) Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema de información ajeno.
Fácilmente podría aplicarse a una campaña de envío masivo de mensajes de correo electrónico y por tanto convertir en delito una de las formas más habituales de protesta o de participación de los ciudadanos, exigiendo que sus representantes públicos tomen en cuenta la voluntad de miles o millones de personas.
